¿En serio puedes meter a la cárcel a tu jefe por exceder la jornada laboral legal? Te explicamos de qué se trata la reforma sobre explotación laboral

Sí. La reforma del 7 de junio de 2024 a la Ley General en materia de Trata de Personas castiga la explotación laboral (artículo 21) con 3 a 10 años de prisión y 5,000 a 50,000 días de multa, y añadió como causa sobrepasar la jornada legal: 8 horas diurnas, 7 nocturnas o 7.5 mixtas.

El 7 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos entre las que destacan las sanciones y multas a las que serán merecedores los patrones que incurran en el delito de explotación laboral.

Lo que la ley especificaba como explotación laboral antes de esta reforma era cuando “una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad” y determinaba ciertas circunstancias.

Entre éstas que el patrón someta a sus trabajadores a condiciones peligrosas, insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria, según dicta la misma Ley.

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También cuando exista una cantidad desproporcionada entre el trabajo realizado y el pago que recibe una persona por el mismo; así como que se le pague un salario mínimo por debajo de lo legalmente establecido que actualmente son casi $249 pesos al día -alrededor de $7,468 pesos mensuales- y casi $375 pesos al día en los estados fronterizos con Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General en materia de Trata, el patrón que incurra en estos delitos puede ser sancionado con penas de 3 a 10 años de prisión, y de 5,000 a 50,000 días de multa. Pero la reforma agregó otra condición por la que puede castigarse a un empleador: sobrepasar los límites de la jornada laboral.

Sin embargo esta nueva medida no debemos tomarla tan literal: no todos los empleadores son unos tiranos explotadores ni todas las condiciones ameritan prisión. Es más una manera de prevenir y sancionar abusos, discriminación y violencia contra las y los trabajadores.

Jornada máxima y horas extra

El artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que la duración máxima de la jornada laboral es de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. Y que las y los trabajadores tienen mínimo un día de descanso obligatorio a la semana, lo cual da un total máximo de 48, 45 y 42 horas, respectivamente, repartidas en seis días laborales.

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La LFT también contempla el pago de horas extras que pueden ser permitidas en situaciones extraordinarias siempre que sean remuneradas aparte del salario ya establecido al trabajador; la ley dice que éstas no pueden exceder las tres horas extra al día, ni suceder tres veces a la semana (aunque la Corte ha determinado que estas horas extras se pueden acumular siempre y cuando no superen 9 horas a la semana).

Si se superan éstos tiempos extras de trabajo (o sea más de 9 horas extras), la ley dice que el empleador deberá pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Y es aquí donde entran los matices. En algunas ocasiones tanto trabajadores como empleadores llegan a acuerdos que les conviene a ambos, a una parte trabajar más horas le permite obtener dinero extra que llevar a casa y a la otra, lograr más productividad, atender emergencias o entregas de último minuto, entre miles de situaciones que pudiera requerir un esfuerzo extra.

El punto está en el consenso. Un escenario muy diferente nos encontraríamos si un empleador obliga a sus trabajadores a trabajar jornadas extenuantes, fuera de la ley, sin pago, bajo amenaza de despido y/o en condiciones adversas. Es para estos casos, principalmente, que se tomaron las medidas más severas, como la prisión.

Personas indígenas están especialmente protegidas

La Ley General en Materia de Trata también estipula que las sanciones se incrementan en el caso de tratarse de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y afromexicanas. En éste caso, las penas pueden ser de 4 a 12 años de prisión, y de 7,000 a 70,000 días de multa.

Estos derechos protegen a todas las personas que estén prestando sus servicios a un empleador, independientemente de que se les haya dado un contrato por escrito o no, pues aunque el artículo 24 de la LFT dice claramente que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, esto no siempre es una realidad.

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Recuerda que el artículo 26 de la misma LFT establece que la falta de contrato escrito “no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados”, al contrario, la falta de contrato escrito caerá sobre en el empleador o en los directores, administradores, gerentes y personas que ejerzan estas funciones porque en la Ley son considerados representantes del patrón, de acuerdo con el artículo 11 de la LFT.

Es un derecho de todas las personas trabajar en lugares seguros, con el descanso adecuado, sin que afecte nuestra salud. Y cuando no sucede eso, hay herramientas para defendernos. Para está la Ley y los abogados laborales como nosotros.
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