Mucha Guelaguetza, pero pocos derechos laborales: la verdad detrás de los eventos culturales en México

La Guelaguetza, celebrada cada julio en Oaxaca (los dos lunes después del 16), es más que una fiesta: es un motor económico que mueve a miles de personas. Desde bailarines, músicos y artesanos, hasta cocineras, vendedores y guías, aporta empleos temporales que sustentan familias.

Sin embargo, la mayoría trabaja sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones mínimas. Lo mismo ocurre en eventos como la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, la Noche de Rábanos en Oaxaca o el Festival Internacional por la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, donde la chamba cultural vive al filo de la informalidad.

Este modelo se repite en miles de actividades: la cultura produce empleos, pero quienes los ejercen a menudo carecen de derechos básicos. Esa contradicción entre presencia masiva del Estado y ausencia de protección laboral es la caja de resonancia perfecta para explicar cómo la política cultural impacta la vida de las y los trabajadores del sector.

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Políticas culturales y derechos humanos laborales: ¿dónde nos quedamos?

Verónica Colina Hernández, investigadora y académica de la UNAM, explica en su artículo La política cultural y sus repercusiones en los derechos humanos laborales de las personas que se dedican a la cultura, que las políticas culturales en México, aunque prometen inclusión, en la práctica actúan como herramientas de control y disciplina laboral, ya que en el sector cultural, el trabajador suele ser un “autónomo elegido” que carece de prestaciones laborales y está sujeto a condiciones de explotación disfrazadas de creatividad.

En eventos como la Guelaguetza, los trabajadores deben acatar decisiones tomadas desde arriba, con contratos temporales que evitan la estabilidad y anulan su voz colectiva. Más allá de la belleza del espectáculo, se repiten condiciones laborales precarias: falta de pago oportuno, riesgos por jornadas extenuantes, inseguridad social y nula participación en los beneficios.

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Las políticas culturales -añade Colina- no solo recurren a contratos “por proyecto”, sino que instrumentan prácticas de autoexplotación y control simbólico. Si participas, es por pasión, por vocación, y si reclamas, pierdes oportunidades. De esta forma, invisibilizan la violación de derechos laborales y normalizan la precariedad.

La simbiosis entre cultura y precariedad laboral

Eventos culturales oficiales, promovidos por el Estado, se presentan como actos celebratorios pero esconden relaciones laborales asimétricas. Al reconocer a los artistas como “colaboradores” y no trabajadores, se niega su condición laboral. Esto es coherente con las «políticas culturales» descritas por Colina: intervenciones simbólicas que sirven para legitimar el orden sin cuestionarlo.

Por ejemplo, los festivales urbanos como el Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS), con cientos de artistas y técnicos, operan con recursos públicos, pero sus empleados suelen tener contratos por honorarios o de prestación de servicios, sin prestaciones. Cuando hay recortes o ajustes, son los primeros en quedar fuera. Así se sostiene una cultura sin dignidad para quienes la hacen posible.

En cambio, modelos como el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) han buscado reconocer colectivamente los derechos culturales y apoyar proyectos comunitarios. Pero su impacto es limitado y no siempre alcanza a quienes trabajan en lógica de espectáculo masivo.

¿Qué cambiaría si los trabajadores culturales tuvieran derechos laborales?

Para cambiar las condiciones del sector cultural en México, lo primero es reconocer legalmente a las personas trabajadoras de la cultura como sujetos laborales plenos. Esto implica que cuenten con contratos formales, acceso a prestaciones como seguridad social, vacaciones, aguinaldo y, eventualmente, una pensión. No basta con nombrarles artistas o colaboradores: hay que darles los derechos que cualquier otro trabajo merece.

Además, se necesita una regulación clara que obligue a festivales, instituciones y eventos culturales a cumplir con condiciones laborales básicas. Eso incluye jornadas definidas, periodos de descanso, ambientes seguros y pagos puntuales. Si hay recursos públicos de por medio, también debe haber reglas claras para proteger a quienes hacen posible estos eventos.

Otro punto clave es garantizar la participación activa y real de todos los actores del ecosistema cultural en la toma de decisiones. No solo los artistas deben tener voz; también los técnicos, cocineras, artesanos, traductoras, guías y quienes dan soporte logístico. La cultura no se levanta sola, se construye en colectivo, y así debe decidirse.

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También es urgente descentralizar el manejo de los recursos. Los fondos públicos destinados a la cultura deben ser administrados por los propios trabajadores culturales, organizados en comités, cooperativas o redes comunitarias, y no por intermediarios administrativos que imponen lógicas verticales alejadas de la realidad local.

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Por último, es vital que protocolos internacionales como la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural se apliquen de forma concreta, con enfoque de derechos humanos. No basta con firmarlos o citarlos: hay que garantizar que se traduzcan en beneficios tangibles, con justicia redistributiva, respeto a las identidades y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el quehacer cultural todos los días.

Solo así la cultura dejará de ser una actividad festiva ajena a derechos elementales y pasará a ser una verdadera forma de vida digna, con seguridad y participación.